Moody’s pone la lupa sobre Panamá: deuda sube 22 puntos y el gasto rígido limita el margen fiscal

(Financiero News-Panamá) Panamá aparece en el informe regional de Moody’s Ratings con una señal fiscal que merece atención: entre 2019 y 2025, la carga de deuda del país aumentó 22 puntos porcentuales del PIB, uno de los mayores incrementos dentro de los 18 soberanos analizados por la calificadora en América Latina y el Caribe.

El dato coloca a Panamá en el centro de la discusión sobre cómo estabilizar la deuda, ordenar el gasto y recuperar espacio fiscal sin sacrificar la inversión pública que sostiene el crecimiento.

El informe, titulado “La rigidez del gasto y la polarización política limitan las perspectivas de consolidación fiscal”, advierte que los gobiernos de la región enfrentan cada vez menos margen para reducir déficits y responder a shocks, porque una parte creciente del presupuesto está comprometida en pagos de intereses, salarios, subsidios y transferencias. En el caso panameño, esa advertencia llega en un momento sensible: el país discute su presupuesto 2027, su trayectoria de deuda y la necesidad de mantener inversión pública sin deteriorar la credibilidad fiscal.

Moody’s señala que Panamá requiere un ajuste fiscal adicional de 0.2% del PIB para estabilizar la deuda, una cifra menor frente a otros países de la región, pero relevante porque la calificadora advierte que los ajustes necesarios podrían ser mayores cuando se observa el déficit del gobierno central. En otras palabras, aunque Panamá no aparece entre los casos de mayor brecha de estabilización, sí enfrenta el reto de sostener una consolidación creíble, permanente y compatible con crecimiento.

Otro punto clave del informe es la composición del gasto panameño. Moody’s ubica la rigidez del gasto de Panamá en alrededor del 70%, por debajo de economías como Brasil, Argentina, Costa Rica, Colombia y Uruguay, pero advierte que esa aparente flexibilidad debe leerse con cautela. La razón es que una mayor proporción de gasto de capital no siempre significa margen libre para recortar, porque parte de esas erogaciones puede estar vinculada a contratos, asociaciones público-privadas, transferencias a entidades públicas o compromisos difíciles de modificar.

La advertencia es especialmente importante para Panamá porque recortar inversión puede producir ahorros de corto plazo, pero también debilitar el crecimiento futuro. Moody’s sostiene que una elevada proporción de gastos obligatorios o difíciles de reducir limita las opciones para cerrar brechas fiscales, particularmente cuando la movilización de ingresos es acotada; en ese escenario, los gobiernos pueden terminar retrasando la consolidación o recortando gasto de capital, lo que afecta la inversión pública y el crecimiento de mediano plazo.

El informe también identifica presiones específicas sobre Panamá. Moody’s menciona las llamadas leyes especiales, que determinan aumentos salariales para trabajadores públicos de salud, educación y seguridad, y que en ocasiones han implicado que los salarios aumenten más rápido que el PIB nominal. Este punto es relevante porque introduce una presión estructural sobre el presupuesto: cuando los salarios, las transferencias y los intereses crecen de manera automática o difícil de revertir, el margen de maniobra del Ejecutivo se reduce.

Además, la calificadora señala que Panamá registró aumentos persistentes en subsidios y otras transferencias corrientes, y que el incremento de 2024 reflejó en parte la cancelación de atrasos por parte del nuevo gobierno. Esto ayuda a explicar por qué la discusión fiscal no solo debe mirar el monto total del presupuesto, sino también qué parte del gasto ya está comprometida y qué parte realmente puede ajustarse sin afectar servicios, inversión o compromisos legales.

A nivel regional, Moody’s advierte que la deuda pública aumentó en 14 de los 18 soberanos analizados entre 2019 y 2025, mientras la mediana regional subió de 45% a 55% del PIB y nueve países ya registran cargas de deuda equivalentes al menos al 60% del PIB. La calificadora sostiene que estos niveles reducen la capacidad de absorber nuevos shocks y elevan la necesidad de lograr mejoras duraderas en el balance primario.

La rigidez del gasto también se ha convertido en un problema regional. Según Moody’s, los pagos de intereses, salarios, subsidios y transferencias representaron en promedio el 77% del gasto de los gobiernos centrales en 2024, frente al 75% en 2019. Brasil registra la mayor proporción de gasto rígido, mientras Perú y Nicaragua presentan los niveles más bajos; Panamá se ubica entre los países con menor rigidez relativa, aunque con advertencias sobre la verdadera flexibilidad de su gasto de capital.

La lectura de fondo es que Panamá tiene una ventana para ordenar sus finanzas antes de que la deuda, los intereses, las transferencias y los compromisos salariales reduzcan aún más su margen fiscal. El desafío no será únicamente contener el déficit, sino mejorar la calidad del gasto, proteger la inversión productiva y evitar que la consolidación dependa de recortes que frenen el crecimiento. Para Moody’s, la eficiencia del gasto, la focalización, la transparencia en contrataciones y el uso de tecnología pueden ayudar a moderar el crecimiento futuro del gasto sin debilitar servicios esenciales.