Advierten leyes que pueden distorsionar el mercado

(Financiero News-Panamá) El actual panorama legislativo en Panamá comienza a encender alertas en el sector productivo y entre analistas económicos, ante la proliferación de iniciativas de ley que, si bien nacen con el objetivo declarado de proteger al consumidor, terminan generando distorsiones relevantes en el funcionamiento del mercado y riesgos directos para la estabilidad económica.

El debate no gira únicamente en torno a la intención de las normas, sino a sus efectos reales sobre la inversión, el empleo y la sostenibilidad de miles de empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas.

De acuerdo con el economista Eric Molino, se observa una tendencia creciente dentro de la Asamblea Nacional a intentar “martillar resultados” mediante regulaciones que buscan imponer equilibrios artificiales en el mercado. Este enfoque, advierte, termina atentando contra la libertad empresarial y trasladando costos que el Estado no asume directamente hacia el sector privado, debilitando su capacidad operativa y su margen de maniobra financiera.

Uno de los casos más sensibles es el de los descuentos obligatorios a jubilados. Aunque la medida apunta a aliviar la carga económica de este grupo, el diseño técnico de los anteproyectos evaluados revela que el costo de dichos descuentos no es absorbido por el Estado, sino trasladado directamente a los comercios. En un entorno donde muchos negocios ya operan con márgenes reducidos, este tipo de imposición puede convertir la rentabilidad en una ecuación inviable, especialmente para las PYMES, que carecen de escala para compensar pérdidas.

Una situación similar se presenta en el sector de la educación particular. A las restricciones derivadas de fallos judiciales que impiden la suspensión del servicio por morosidad, se suman propuestas legislativas orientadas a limitar o controlar los aumentos de precios. El resultado es un modelo financiero cada vez más rígido, donde las escuelas privadas no pueden ajustar sus ingresos al ritmo de sus costos operativos, afectando su sostenibilidad y, en el mediano plazo, la calidad y disponibilidad de la oferta educativa.

El análisis también advierte sobre intentos de regulación directa de precios en sectores de consumo masivo. La experiencia económica demuestra que este tipo de intervenciones rara vez produce los resultados esperados. En lugar de abaratar el costo de vida de forma sostenible, suele generar escasez, reducción de la oferta o incrementos de precios indirectos en otros productos y servicios para compensar las pérdidas.

Aquí entra en juego un principio económico fundamental: el de las consecuencias no intencionadas. Cuando el Estado interviene de forma directa en la formación de precios o en la estructura de ingresos de las empresas, el mercado reacciona ajustándose por otras vías. Esto puede traducirse en menor inversión, cierre de negocios, reducción del empleo o, paradójicamente, en un mayor costo final para el consumidor, que termina pagando por canales distintos aquello que se intentó subsidiar de forma forzada.

En este contexto, los expertos coinciden en que el desafío para Panamá no está en renunciar a la protección social, sino en diseñar políticas públicas técnicamente sólidas, con evaluaciones de impacto económico y financiero, que no trasladen cargas estructurales al sector privado sin considerar su capacidad real de absorción. De lo contrario, medidas concebidas para proteger al consumidor podrían terminar erosionando la base productiva del país y debilitando el crecimiento económico que las hace posibles. Vea el análisis completo de Eric Molino en el programa Financiero News.