Filtraciones de datos cuestan US$4.44 millones y ponen foco en los riesgos internos

(Financiero News-Panamá) Las empresas pueden tener firewalls, sistemas de detección y controles avanzados y aun así mantener expuesta su información más sensible. El problema está cada vez más dentro de las propias organizaciones: 22% de las filtraciones de datos analizadas en 2025 involucró uso indebido de credenciales, mientras la participación de terceros en incidentes alcanzó 30%, el doble que un año antes, lo que eleva la presión sobre compañías que administran información financiera, personal y comercial.
El riesgo no se limita a accesos no autorizados. Una cuenta válida puede ser comprometida o utilizada para consultar, modificar o extraer información sin levantar alertas si la empresa solo verifica quién ingresó al sistema y no qué hizo después.
Para enfrentar esta vulnerabilidad, las organizaciones están incorporando herramientas capaces de monitorear directamente bases de datos y repositorios críticos, identificar comportamientos inusuales y detectar consultas sospechosas, extracciones masivas de información, abuso de privilegios o intentos de manipulación mediante técnicas como inyección SQL.
El impacto económico de una filtración puede ser considerable. De acuerdo con el Cost of a Data Breach Report 2025 de IBM, el costo promedio mundial de un incidente alcanzó US$4.44 millones. Las organizaciones que detectaron internamente sus filtraciones registraron costos aproximadamente US$900,000 menores que aquellas cuyos incidentes fueron descubiertos o revelados por atacantes.
Para Panamá, el tema adquiere especial importancia por la cantidad de empresas financieras, comerciales y de servicios que manejan datos sensibles. Además de los costos de recuperación, una filtración puede provocar interrupciones operativas, reclamos, pérdida de clientes y daños reputacionales.
El cumplimiento normativo también aumenta la presión. En Panamá, la Ley 81 de 2019 establece obligaciones sobre protección de datos personales, mientras muchas empresas deben cumplir además con estándares internacionales como PCI DSS o, dependiendo de sus operaciones, regulaciones como el GDPR europeo.



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