Gobierno sube presión a eléctricas: multas millonarias e intervención en la mesa
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(Financiero News-Panamá) El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley para reformar el marco regulatorio del sector eléctrico, elevar las sanciones a las empresas prestadoras hasta US$20 millones, permitir la intervención temporal de distribuidoras por parte de la ASEP y establecer nuevas obligaciones de calidad, inversión, compensación y atención al cliente, en medio de reiteradas quejas ciudadanas por fluctuaciones de voltaje, interrupciones del servicio, daños a electrodomésticos y deficiencias en los reclamos.
La iniciativa también busca llevar electricidad a unas 150 mil familias que hoy no cuentan con el servicio.
La propuesta, aprobada mediante la Resolución N.° 83-26, autoriza al ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional reformas al Texto Único de la Ley 3 de 1997, con el objetivo de corregir distorsiones en el mercado eléctrico, fortalecer la fiscalización regulatoria y equilibrar la relación entre empresas prestadoras y usuarios.
Uno de los cambios más relevantes es que los nuevos contratos deberán incorporar mayor transparencia en la información suministrada a los clientes, plazos definidos para atender reclamos, reconocimiento de créditos por incumplimiento de normas de calidad y mecanismos más efectivos de compensación e indemnización al usuario final.
El proyecto también permitiría que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos intervenga a prestadores del servicio eléctrico mientras se corrigen faltas, se rescinde un contrato o se resuelve administrativamente una concesión o licencia. En ese caso, se designaría un interventor, cuya remuneración sería pagada por la propia empresa intervenida, y que quedaría inhabilitado por dos años para mantener vínculos comerciales o profesionales con esa compañía, sus filiales o grupo económico.
La iniciativa amplía además las obligaciones de las distribuidoras eléctricas, al incorporar la implementación de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, estándares de transparencia operativa y compromisos de inversión. También introduce como obligación inherente a la actividad de distribución la electrificación de áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas.
En materia de competencia, el proyecto propone ajustes para evitar concentración excesiva en el mercado eléctrico y promover competencia efectiva en procesos de venta del paquete mayoritario de acciones de empresas concesionarias de distribución. También refuerza el régimen sancionatorio y amplía facultades de cobro coactivo para procesos administrativos orientados al resarcimiento económico del cliente final.