Presupuesto 2027 por US$35,111 millones se aprueba con cambios en compras públicas de hasta US$1 millón

(Financiero News-Panamá) La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Presupuesto General del Estado para 2027 por US$35,111.75 millones, con una estructura que aumenta 22% la inversión real, reduce 5% el funcionamiento y fija una meta de déficit fiscal de 2.9% del PIB. Pero el cierre del debate incorporó además uno de los cambios más relevantes de la discusión: varias instituciones públicas podrán realizar determinadas contrataciones por menos de US$1 millón mediante un régimen especial, fuera de los procedimientos ordinarios establecidos por la Ley 22 de Contrataciones Públicas. El proyecto recibió 49 votos a favor y 18 en contra.

La modificación fue introducida en el artículo 370 durante el segundo debate por los diputados Benicio Robinson, Manuel Cohen y Luis Eduardo Camacho. El mecanismo alcanza contrataciones de servicios técnicos, repuestos y equipos cuando existan situaciones fortuitas, urgencias o circunstancias justificadas de interés público que requieran atención prioritaria.

Entre las entidades incluidas figuran Metro de Panamá y sus subsidiarias, Idaan, Etesa, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, además de los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno cuando atiendan asuntos considerados de interés general relacionados con derechos poblacionales.

El cambio no significa simplemente elevar un límite dentro de Panamá Compra. En la práctica, crea una excepción a los procedimientos ordinarios de contratación pública para operaciones inferiores a US$1 millón, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la norma. Cada institución deberá definir previamente los bienes y servicios que podrá contratar bajo este esquema y adoptar un reglamento especial.

Ese reglamento tendrá que ser aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial. Además, el límite de US$1 millón no podrá utilizarse de manera acumulativa por proveedor o tipo de servicio y la norma exige evitar el fraccionamiento de contrataciones para mantenerse artificialmente por debajo del tope.

La modificación generó uno de los principales debates alrededor del presupuesto. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, tomó distancia de la propuesta y aclaró que no fue presentada por el MEF, al tiempo que aseguró que ejercerá una fiscalización rigurosa sobre el uso de los recursos públicos. Diputados de oposición cuestionaron, por su parte, que la ampliación de excepciones pueda reducir los controles sobre algunas adquisiciones estatales.

Más allá del debate de contrataciones, el presupuesto mantiene su monto global apenas 0.6% por encima de los US$34,913.8 millones del presupuesto modificado de 2026, pero cambia significativamente su composición. La Asamblea reportó US$12,839.7 millones destinados a inversión, equivalentes al 36.6% del presupuesto, mientras US$22,272 millones corresponden a funcionamiento.

El proyecto incorporó además US$186.83 millones en reasignaciones internas, realizadas después de las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto. Los cambios reforzaron recursos para salud, educación, seguridad, infraestructura pública, servicios básicos y programas sociales, sin elevar el monto total aprobado.

Entre las principales partidas de inversión aparecen más de US$1,000 millones para rehabilitación de carreteras, construcción de puentes y caminos de producción, unos US$217 millones adicionales frente a 2026. Para el Metro de Panamá se contemplan aproximadamente US$874 millones, mientras que el teleférico de San Miguelito recibirá más de US$300 millones.

El presupuesto también destina cerca de US$456 millones para plantas potabilizadoras y redes de distribución de agua, más de US$1,000 millones para garantizar jubilaciones y pensiones y alrededor de US$217 millones para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

En el frente fiscal, Chapman sostuvo que el déficit pasó de superar 7% del PIB en 2024 a 3.7% en 2025, mientras que para 2027 la meta presupuestaria se ubica en 2.9%, por debajo del límite de 3% establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Otro dato relevante es la disminución prevista en el costo financiero: el Gobierno calcula casi US$900 millones menos en intereses de la deuda durante 2027, lo que permitiría liberar recursos para inversión y otros programas.

La lectura de fondo es que el Presupuesto 2027 combina una apuesta por mayor inversión pública y reducción gradual del déficit con una modificación sensible en materia de contrataciones. Los US$35,111 millones definirán buena parte de la capacidad de inversión del Estado durante el próximo año, pero el nuevo esquema de compras inferiores a US$1 millón coloca ahora el foco sobre los mecanismos de fiscalización, transparencia y controles que deberán aplicarse cuando esas excepciones comiencen a utilizarse.