Panamá declara emergencia nacional por El Niño ante riesgo hídrico, energético y logístico

(Financiero News-Panamá) El Gobierno panameño declaró estado de emergencia nacional por los efectos del fenómeno de El Niño, en una decisión que combina alerta humanitaria y defensa operativa de sectores estratégicos como el agua, la energía, la red vial y el Canal de Panamá.

La Resolución N.° 102-26 habilita contrataciones especiales hasta el 30 de junio de 2027 para acelerar la respuesta institucional, luego de que los reportes oficiales contabilizaran más de 15,400 personas afectadas desde enero, con más del 70% concentradas en Bocas del Toro y Colón, mientras otras afectaciones alcanzan a las comarcas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di.

La declaratoria responde a un escenario climático cada vez más complejo y desigual. Mientras Bocas del Toro registra precipitaciones 25% por encima de lo normal, elevando el riesgo de inundaciones y deslizamientos, otras zonas del país se encaminan hacia una fase de mayor sequía. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé que el fenómeno se intensifique con déficit de lluvias entre octubre y diciembre de 2026 y entre enero y marzo de 2027, con efectos extendidos hasta mayo de 2027 y altas temperaturas que podrían afectar a la población, la producción agropecuaria y la disponibilidad de agua.

Uno de los focos más delicados está en la presión sobre los recursos hídricos. La directora del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla, advirtió que actualmente existen 11 cuencas hidrográficas en situación de estrés hídrico, con niveles bajos en sus ríos, lo que complica el funcionamiento de hidroeléctricas y plantas potabilizadoras. Este punto es especialmente sensible para Panamá por su dependencia del agua no solo para consumo humano, sino también para la generación eléctrica y la operación logística del Canal.

El impacto potencial sobre el Canal de Panamá también forma parte del cálculo oficial. El Gobierno reconoce que una prolongación de la sequía podría traducirse en bajos niveles en lagos y embalses, incluyendo el de Bayano, lo que afectaría la disponibilidad de agua para el tránsito de buques y pondría presión adicional sobre una de las infraestructuras más estratégicas del país. A esto se suma el riesgo sobre la generación hidroeléctrica, que podría comprometer la estabilidad del sistema energético nacional en un momento de creciente demanda.

La infraestructura pública ya muestra señales de deterioro por los extremos climáticos. El Ministerio de Obras Públicas informó daños en la red vial, sobre todo en Bocas del Toro, Colón y Coclé, donde se reporta socavación de bases en al menos 10 puentes. Según el director de Estudio y Diseño del MOP, Edwin Lewis, la entidad ya cuenta con un plan de atención para estos puntos, en medio de una coyuntura donde la conectividad terrestre también pasa a ser un factor de resiliencia económica y social.

Desde el punto de vista operativo, la resolución faculta al Ministerio de la Presidencia a coordinar con las entidades públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas las acciones necesarias para ejecutar compras y contrataciones bajo el procedimiento especial de emergencia. A su vez, el Sinaproc, a través del Ministerio de Gobierno, podrá coordinar la recepción de ayuda de organismos humanitarios nacionales e internacionales para atender a las personas afectadas.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que la decisión busca anticiparse a todos los escenarios posibles, desde inundaciones y deslizamientos en las zonas con lluvias excesivas, hasta sequías severas en las regiones con déficit de precipitación. Es decir, el país enfrenta un fenómeno dual: exceso de agua en unas provincias y escasez crítica en otras, una combinación que encarece la respuesta pública y eleva los riesgos para la producción, los servicios básicos y la seguridad de las comunidades.

La resolución también introduce un elemento de control: todas las instituciones que realicen adquisiciones al amparo de la emergencia deberán presentar informes escritos al Consejo de Gabinete detallando contratista, objeto del gasto y monto contratado, información que además deberá publicarse en PanamáCompra. En un contexto de emergencia prolongada, este punto será clave para medir la transparencia y eficacia del gasto.