Panamá cambia el tablero de Cobre Panamá: arbitrajes, empleo e inversión entran en una sola negociación

(Financiero News-Panamá) El futuro de Cobre Panamá entró en una nueva fase que trasciende la discusión sobre abrir o cerrar la mina: el Gobierno puso sobre la mesa una negociación que busca simultáneamente eliminar los arbitrajes internacionales contra Panamá, recuperar miles de empleos, elevar el beneficio económico para el Estado y establecer desde ahora un cierre definitivo financiado por la empresa. First Quantum aceptó participar en el proceso y la Cámara Minera calificó la decisión como un paso en la dirección correcta.
El presidente José Raúl Mulino ordenó el lunes 16 de noviembre iniciar conversaciones formales con Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, bajo cinco condiciones que definió como irrenunciables: propiedad panameña de los recursos minerales, máximo beneficio económico para el país, soberanía sobre territorio y aguas, protección ambiental con fiscalización independiente y cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes.
Pero el elemento económicamente más significativo está fuera de esos cinco principios. Mulino estableció como condición para avanzar la terminación de todos los procesos arbitrales internacionales contra Panamá, convirtiendo la solución del frente jurídico internacional en uno de los componentes centrales de cualquier acuerdo. Panamá enfrenta reclamaciones relacionadas con el cierre de la mina que han sido estimadas en alrededor de US$27,000 millones.
El Gobierno también abrió la posibilidad de una reactivación temporal de la actividad minera, pero ligada a un objetivo final definido: un cierre ordenado, verificable y definitivo que deberá ser financiado por la empresa y que, según Mulino, no podrá ser prorrogado. El proceso deberá incluir además reforestación, prevención de daños ambientales, control sobre los materiales extraídos y uso responsable del agua.
La fórmula marca una diferencia frente al antiguo contrato minero. Mulino aclaró que un eventual entendimiento no constituiría una nueva concesión. La figura jurídica que permitiría cualquier operación futura todavía no ha sido definida y deberá ser presentada por el equipo interministerial si las conversaciones producen un acuerdo compatible con la Constitución.
El mandatario reconoció además una realidad operativa: el Estado panameño no dispone actualmente de las condiciones técnicas para explotar y procesar directamente una operación minera de esta magnitud. Sin embargo, sostuvo que el aumento global de la demanda de cobre fortalece la posición negociadora del país debido al creciente valor estratégico del mineral para electrificación, redes eléctricas, vehículos eléctricos e infraestructura tecnológica.
La respuesta de First Quantum llegó este martes. La multinacional canadiense indicó que acoge favorablemente la oportunidad de participar constructivamente en el proceso liderado por el Gobierno y reconoció expresamente que cualquier nuevo acuerdo deberá respetar la soberanía, las instituciones democráticas, la Constitución y los procedimientos legales panameños. También respaldó la participación ciudadana antes de que se alcance cualquier entendimiento.
La empresa señaló que una solución sostenible debería generar beneficios económicos tangibles mediante empleo, capacitación de trabajadores, compras a proveedores locales, inversiones comunitarias y otras contribuciones a la economía. Cobre Panamá replicó el mismo posicionamiento en su comunicación local.
La Cámara Minera de Panamá también respaldó la apertura de las conversaciones. El gremio consideró que se trata de una decisión “responsable” y “necesaria” para buscar una salida institucional que proteja el interés nacional y produzca beneficios económicos. Camipa recordó que la mina aportó más de US$500 millones al Estado en 2023 y llegó a representar entre 75% y 78% de las exportaciones panameñas de bienes.
Para el sector minero, una eventual solución tendría además un impacto sobre el clima de inversión. Camipa sostiene que un acuerdo jurídicamente sólido y transparente podría enviar una señal favorable sobre seguridad jurídica y atracción de capital, además de recuperar empleos directos e indirectos y actividad para proveedores, contratistas y pequeñas empresas vinculadas al proyecto.
Los mercados reaccionaron rápidamente al cambio de escenario. Las acciones de First Quantum registraron este martes un avance de alrededor de 5.7%, una señal de que los inversionistas asignaron valor inmediato a la posibilidad de que Panamá y la compañía comiencen a resolver un conflicto que permanece abierto desde finales de 2023.
Sin embargo, la negociación seguirá enfrentando una fuerte oposición social. Organizaciones ambientalistas y movimientos antiminería mantienen su posición a favor del cierre total y convocaron nuevas protestas tras el anuncio presidencial, por lo que la legitimidad social será tan determinante como la arquitectura económica o jurídica de cualquier entendimiento.
La lectura de fondo es que el activo que Panamá está negociando ya no es únicamente el cobre. Sobre la mesa están también US$27,000 millones en reclamaciones potenciales, miles de empleos, ingresos fiscales, exportaciones, reputación ambiental y la percepción internacional sobre seguridad jurídica.
Mulino está intentando transformar una de las mayores crisis económicas y políticas recientes del país en una negociación donde Panamá cambie arbitrajes y un cierre desordenado por una solución que produzca ingresos, empleo y una salida definitiva del proyecto bajo nuevas condiciones. El éxito dependerá ahora de algo mucho más complejo que reactivar la producción: construir una fórmula que sea económicamente rentable, constitucionalmente viable y políticamente sostenible.



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