Sector privado, banca y trabajadores impulsan medidas para reactivar la construcción
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(Financiero News-Panamá) El sector privado, la banca estatal y las organizaciones de trabajadores coinciden en que facilitar el financiamiento para los obreros y acelerar los trámites de construcción son dos de las medidas más urgentes para impulsar nuevas inversiones, generar empleo y recuperar el dinamismo de una actividad clave para la economía panameña.
Con ese objetivo, representantes de promotores de vivienda, sindicatos, entidades financieras y gremios empresariales presentaron una serie de propuestas orientadas a mejorar las condiciones de acceso al crédito para los trabajadores y reducir los obstáculos administrativos que enfrentan los proyectos de construcción.
Uno de los principales temas abordados fue el acceso al financiamiento para los obreros del sector. La Caja de Ahorros informó que mantiene una oferta de crédito diseñada específicamente para trabajadores de la construcción con ingresos desde 940 dólares mensuales, considerando la naturaleza temporal e intermitente de muchos contratos laborales dentro de la industria.
Según la entidad bancaria, ya se han colocado cerca de US$2 millones en préstamos, dirigidos a un mercado potencial de aproximadamente 50 mil trabajadores vinculados al sector construcción.
Sin embargo, representantes sindicales señalaron que todavía existe una brecha importante para los obreros del interior del país. Ángel Ruiz Canto, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Auténticos de la Construcción (Sitracona), indicó que muchos trabajadores mantienen contratos temporales inferiores a ocho meses y salarios menores a los registrados en la capital, situación que limita su acceso al crédito formal.
Desde el sector promotor también se plantearon medidas para reducir costos y agilizar la ejecución de proyectos. Eduardo Castillero, de la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero (Aproviva), propuso simplificar los procesos de entrega al Estado de infraestructuras como plantas de tratamiento de aguas servidas, calles, veredas y áreas verdes, argumentando que los retrasos generan costos adicionales que terminan afectando la viabilidad financiera de los desarrollos habitacionales.



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