Terremoto golpea al interior productivo de Panamá y abre presión sobre gasto público e infraestructura

(Financiero News-Panamá) El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el 9 de octubre comienza a mostrar un impacto económico que va más allá de los daños físicos: cerca de 1,000 viviendas colapsadas o afectadas, más de 2,000 damnificados, 419 centros educativos con daños, 21 instalaciones de salud afectadas y carreteras, puentes, comercios y actividades agropecuarias interrumpidas, mientras el Gobierno mantiene evaluaciones y dispone de hasta US$100 millones para atender la emergencia.

Más de 48 horas después del evento, se habían registrado más de 350 réplicas, prolongando las inspecciones y retrasando la normalización completa en varias zonas del interior.

El mayor golpe económico se concentra en Los Santos, Veraguas, Coclé y Herrera, provincias donde buena parte de la actividad depende de agricultura, ganadería, pequeños comercios, turismo y servicios locales. Tonosí, una de las zonas más afectadas y cercana al epicentro, es un importante productor de carne, leche, arroz y tomate, pero los daños en carreteras y accesos han dificultado la salida de producción y el ingreso de insumos. Productores también reportan afectaciones en galeras de ordeño y otras instalaciones agropecuarias.

En Tonosí, autoridades locales estiman que durante el año se sembraron unas 7,000 hectáreas de arroz, de las cuales entre 4,000 y 5,000 hectáreas todavía podían estar expuestas al impacto de la emergencia. Esto introduce un riesgo adicional para los ingresos de productores y trabajadores, además de potenciales pérdidas de cosecha si persisten problemas de acceso, agua o transporte.

El turismo también recibió un golpe, especialmente en el interior. Se reportaron daños en hoteles de Penonomé, Playa Venao y Santiago, incluyendo afectaciones importantes en algunas estructuras. Aunque todavía no existe una estimación consolidada de pérdidas para el sector, las reparaciones, cancelaciones y restricciones de acceso podrían afectar temporalmente la actividad turística en zonas que dependen fuertemente de visitantes nacionales y extranjeros.

La infraestructura pública será otro componente relevante de la factura. El Gobierno inició trabajos de remoción de escombros, rehabilitación de carreteras y reapertura gradual de instalaciones de salud, mientras en Mariato se reportaron alrededor de cinco kilómetros de carretera fuertemente afectados, lo que obligará a ejecutar obras de reparación.

El sistema educativo también enfrenta costos significativos. Las clases permanecen suspendidas este lunes mientras se inspeccionan 419 escuelas afectadas, y al menos 24 requerirían reconstrucción, lo que anticipa gastos extraordinarios de infraestructura y posibles interrupciones adicionales en la actividad educativa y laboral de las familias.

En contraste, los principales activos que sostienen la economía nacional lograron evitar una interrupción prolongada. El Canal de Panamá mantuvo el tránsito de buques con normalidad, pese a daños menores en cuatro edificios y algunas estructuras de su sistema de agua. El Metro de Panamá reanudó operaciones en las líneas 1 y 2 este domingo, después de inspecciones y pruebas técnicas, reduciendo uno de los principales impactos sobre la movilidad laboral en la capital.

Desde el punto de vista fiscal, el terremoto llega en un momento en que Panamá busca reducir déficit y estabilizar deuda pública. La declaratoria de emergencia abre espacio para contrataciones excepcionales y gasto extraordinario destinado a vivienda, carreteras, escuelas, salud y asistencia social, por lo que la magnitud final de los daños determinará cuánto deberá absorber el presupuesto público durante los próximos meses.

La lectura económica es que el terremoto no paralizó los motores nacionales de logística y finanzas, pero sí golpeó con fuerza al Panamá productivo del interior. El mayor riesgo inmediato está en la pérdida de ingresos de agricultores, ganaderos, pequeños comercios y negocios turísticos, mientras que el mayor desafío para el Estado será financiar la reconstrucción sin deteriorar la consolidación fiscal. La cifra decisiva ahora será el costo total de los daños y de la pérdida de actividad económica, que todavía no ha sido cuantificado oficialmente.