Caso Panama Ports escala a investigación penal por contrato portuario

(Financiero News-Panamá) El conflicto alrededor de Panama Ports Company (PPC) escaló a un nuevo nivel. La Contraloría General de la República presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por posibles delitos contra la Administración Pública, luego de detectar presuntas irregularidades en la auditoría practicada al contrato suscrito entre el Estado panameño y la empresa que opera terminales portuarias estratégicas del país.
La acción judicial alcanza no solo a la sociedad Panama Ports Company, sino también a quienes fungieron como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá entre 2014 y 2023, así como a quienes ocuparon el cargo de administradores generales de esa institución durante ese período.
La denuncia se sustenta en los hallazgos de una auditoría financiera y de cumplimiento relacionada con el Contrato Ley No. 5 de 1997 y sus respectivas adendas. El examen cubrió un período amplio, desde enero de 2014 hasta diciembre de 2024, y revisó tanto los estados financieros de la empresa como el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas frente al Estado.
De acuerdo con la Contraloría, durante ese proceso se identificaron hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública, por lo que la documentación fue remitida al Ministerio Público para determinar si existen responsabilidades penales y quiénes serían los posibles responsables.
La denuncia también eleva la presión sobre la forma en que durante años fueron administradas, supervisadas y modificadas las condiciones de la concesión. Al incluir a exdirectivos y exadministradores de la AMP, la investigación podría extenderse hacia decisiones institucionales adoptadas durante casi una década.
La lectura de fondo es que Panamá entra en una nueva etapa de escrutinio sobre uno de sus activos logísticos más sensibles. El caso ya no se limita a cuestionamientos contractuales o administrativos: ahora existe una investigación penal en marcha que puede redefinir responsabilidades y abrir un debate más amplio sobre cómo se negocian, supervisan y fiscalizan las concesiones estratégicas del país.



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