Chapman descarta por ahora dispensa fiscal y asegura que emergencia no compromete aún US$100 millones

(Financiero News-Panamá) Panamá mantendrá su meta de déficit fiscal de 3.5% del PIB pese al gasto extraordinario asociado a la emergencia provocada por el terremoto, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien afirmó que, con la información disponible hasta ahora, no será necesario solicitar una dispensa fiscal ante la Asamblea Nacional.

Chapman aclaró además que la autorización de hasta US$100 millones para atender la emergencia no significa que ese monto será ejecutado automáticamente. Según explicó, las estimaciones preliminares de recursos necesarios se mantienen por debajo de ese límite, mientras continúan las evaluaciones de daños y necesidades de reconstrucción.

El mensaje busca despejar dudas sobre el impacto que la emergencia podría tener sobre las cuentas públicas, en momentos en que el Gobierno mantiene como prioridad la reducción del déficit y la estabilización de la deuda.

Para administrar los recursos, el MEF informó además la creación de dos fideicomisos separados, uno para fondos públicos y otro para donaciones privadas. El objetivo, según Chapman, es mantener una estructura diferenciada que permita mayor control, trazabilidad y fiscalización de los recursos destinados a atender las zonas afectadas.

El fideicomiso público, constituido entre el MEF y el Banco Nacional de Panamá y refrendado por la Contraloría General de la República, recibirá recursos no reembolsables de organismos multilaterales y primas de seguros contra eventos catastróficos. Estos fondos serán utilizados para reparar carreteras, puentes, centros educativos y otras infraestructuras, a través de entidades del Gobierno Central y juntas comunales.

Por su parte, el fideicomiso privado, gestionado con la Caja de Ahorros, canalizará aportes de empresas y otros actores del sector privado, principalmente para apoyar a familias que perdieron sus viviendas o que no pueden regresar a ellas.

Chapman enfatizó que ambos mecanismos operarán de manera independiente y que no se mezclarán fondos públicos con privados, aunque existirá coordinación para dirigir los recursos hacia las áreas de mayor afectación.