Ejecutivo propone reforma eléctrica para aumentar obligaciones de distribuidoras

(Financiero News-Panamá) El Ejecutivo llevó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 10-26, una reforma al marco regulatorio eléctrico que busca beneficiar directamente al consumidor final, fortalecer los derechos de los usuarios y aumentar las obligaciones de las empresas distribuidoras ante fallas, interrupciones, fluctuaciones de voltaje y deficiencias en la calidad del suministro. La iniciativa fue presentada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y modifica el Texto Único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que regula el sector eléctrico panameño.

Orillac señaló que el objetivo central es revertir el deterioro sistemático en la calidad del servicio eléctrico, una de las quejas recurrentes de los usuarios durante los últimos años. El ministro explicó que miles de clientes han enfrentado interrupciones frecuentes, variaciones de voltaje y daños en equipos y electrodomésticos, sin que el marco actual haya logrado responder de manera suficiente a esas afectaciones.

La propuesta, aprobada por el Consejo de Gabinete el pasado 16 de junio, introduce cambios en los plazos para la atención de reclamos, mecanismos para reconocer créditos a favor de los usuarios cuando las distribuidoras incumplan las normas de calidad, y nuevas herramientas regulatorias para que la autoridad competente ejerza una supervisión más efectiva sobre el servicio.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es que las multas impuestas a las empresas distribuidoras no queden solo como sanciones administrativas, sino que puedan hacerse efectivas y traducirse en beneficios para el cliente afectado.

La iniciativa también incorpora disposiciones orientadas a mejorar la transparencia de la información que reciben los clientes. Esto implica que los usuarios deberán contar con datos más claros sobre calidad del servicio, reclamos, derechos, deberes y mecanismos de respuesta ante fallas. Para el Ejecutivo, fortalecer la información al consumidor es clave para equilibrar la relación entre prestadores del servicio y usuarios.

El proyecto además prepara el terreno para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución eléctrica en 2028. Este punto es estratégico porque abre la discusión sobre el desempeño de las distribuidoras, la calidad del servicio, las inversiones realizadas, la capacidad de respuesta y las condiciones bajo las cuales deberán operar las empresas que atienden a los clientes finales.

En materia de acceso, la reforma suma a las distribuidoras al trabajo de la Oficina de Electrificación Rural, con el objetivo de llevar electricidad a comunidades de difícil y costoso acceso. Esto conecta la discusión regulatoria con una deuda social pendiente: ampliar la cobertura eléctrica en zonas rurales y apartadas donde el servicio aún no llega o resulta insuficiente.

El ministro Orillac estuvo acompañado por el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, y por Edgardo Lasso, de la Oficina del Consejo de Gabinete, durante la presentación de la iniciativa ante la Asamblea.