Panamá activa depuración masiva de sociedades y modificará la Ley 32

(Financiero News-Panamá) El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el inicio del proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas, en paralelo con una modificación puntual a la Ley 32 de 1927, centrada exclusivamente en prohibir de forma expresa la emisión de acciones al portador.

La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, explicó que la medida busca depurar el Registro Público, mejorar la calidad de la información corporativa y prevenir el uso indebido de estructuras jurídicas, en cumplimiento de la ley panameña y de los compromisos internacionales asumidos por el país.

Como parte del proceso, el MEF habilitó un acceso directo en el sitio web del Registro Público de Panamá a la lista de sociedades incluidas en la disolución. La funcionaria precisó que la lista actualmente publicada representa el 62% del universo total que será disuelto y garantiza la debida publicidad y el acceso oportuno a la información. El proceso iniciará el 27 de febrero de 2026 y se desarrollará de manera escalonada.

El plan se ejecutará en dos etapas. La primera comprende a las personas jurídicas con marginal de disolución por falta de pago de la tasa única por más de 20 años, antes y después de 2016, conforme al artículo 318-A del Código Fiscal. En esta fase se ejecutarán resoluciones administrativas de la DGI emitidas en 2016 que ordenaron la disolución de 290,534 sociedades, comenzando con un primer bloque de 180,883, cuya información ya fue homologada.

La segunda etapa abarcará a las personas jurídicas con estatus suspendido en el Registro Público, de acuerdo con el mismo artículo del Código Fiscal y las modificaciones introducidas por la Ley 52 de 2016 y la Ley 254 de 2021.

Para asegurar una implementación coordinada, el MEF conformó una Mesa de Trabajo Interinstitucional junto al Registro Público y la Superintendencia de Sujetos no Financieros, enfocada en la homologación y validación de bases de datos para garantizar información confiable.

En paralelo, el Gobierno trabaja en una modificación puntual a la Ley 32 de 1927, limitada a prohibir expresamente las acciones al portador, en línea con las actualizaciones de la Recomendación 24 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre identificación y acceso a información de beneficiarios finales.

La viceministra subrayó que el cambio no es disruptivo para el sector privado, ya que esta figura no se utiliza actualmente en Panamá, y busca consolidar una realidad operativa, aportar claridad jurídica y evitar observaciones en futuras evaluaciones internacionales. Las acciones también se alinean con los estándares del Foro Global de la OCDE, mientras la DGI evalúa ajustes a las Leyes 51 y 52 de 2016 como parte de la hoja de ruta para salir de listados internacionales.

Autoridades del MEF, el Registro Público y la Superintendencia de Sujetos no Financieros reiteraron el compromiso del Estado con la transparencia, el cumplimiento normativo y la cooperación internacional, asegurando que la ciudadanía será informada oportunamente sobre los avances del proceso.