Panamá confía en dos gigantes marítimos para elevar su conectividad comercial

(Financiero News-Panamá) Panamá asignó la operación temporal de sus puertos estratégicos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a APM Terminals (Maersk) y Terminal Investment Limited, TiL (MSC) por un período de hasta 18 meses, con lo que busca elevar su conectividad comercial marítima de la mano de estos grandes operadores logísticos.

Este esquema de transición se da tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato anterior, en una movida que busca mantener continuidad operativa y preparar una futura licitación permanente con nuevos términos.

La designación implica que APM Terminals asumirá Balboa, mientras TiL, brazo portuario ligado a Mediterranean Shipping Company (MSC), quedará a cargo de Cristóbal, según el anuncio oficial de la comisión de transición.  En el negocio portuario global, ambas firmas operan a escala “top tier”: APM Terminals reporta una red de 60 puertos y terminales en el mundo, respaldada por la plataforma logística de Maersk y su experiencia en terminales automatizadas y de alta productividad.  Por su parte, TiL se presenta como uno de los operadores más diversificados del sector, con más de 30.000 empleados, más de 500 grúas STS, más de 62 km de muelles y un movimiento estimado de 65 millones de TEU's , con presencia en algunos de los puertos más grandes del mundo como Rotterdam, Amberes, Los Ángeles, Long Beach, Nueva York, Nueva Jersey, Singapur y Ningbo.

Para Panamá, el principal efecto inmediato que se puede esperar es continuidad operativa y estabilización del servicio en dos terminales críticas para el hub logístico del país, con operadores que tienen capacidad probada para sostener operaciones 24/7, implementar estándares de eficiencia y seguridad, y conectar las terminales a redes marítimas globales de altísima demanda. En la práctica, la llegada de operadores vinculados a Maersk y MSC puede elevar la conectividad comercial, la confiabilidad de itinerarios y la capacidad de atraer cargas, en la medida en que la transición se ejecute sin fricciones y con reglas claras de supervisión y competencia.

El giro, sin embargo, ocurre en medio de una disputa legal y política de alto voltaje. CK Hutchison, a través de su filial Panama Ports Company (PPC), criticó la medida del Estado panameño y la describió como una acción “ilegal” y de carácter confiscatorio, asegurando además que no autorizó el uso de su equipo y que evalúa/activó acciones legales y arbitraje internacional bajo tratados de inversión.  Previamente, CK Hutchison también había advertido que cualquier asunción de operaciones por parte de APM Terminals sin su consentimiento causaría daños y daría pie a litigios, una línea que la empresa reiteró en comunicados.  En el mercado, la tensión tuvo reflejo bursátil, las acciones de CK Hutchison cayeron 1,9% tras los eventos relacionados con la toma de control.

A nivel de hoja de ruta, el Gobierno panameño ha defendido el esquema transitorio como un mecanismo para resguardar la operación mientras se estructura un modelo de concesión competitivo y de mayor transparencia, en un proceso que pudiera estar cargado de implicaciones geopolíticas y de escrutinio sobre la seguridad jurídica, la continuidad laboral y el desempeño logístico.

Con APM Terminals y TiL al frente, el desafío para Panamá será doble: asegurar que la transición mantenga productividad, inversiones y servicio, y al mismo tiempo blindar el proceso con gobernanza, reglas claras y auditoría operativa, para que el cambio de administradores se traduzca en más competitividad portuaria y no en incertidumbre contractual.