Panamá deja en firme fallo de la Corte y asumirá control de puertos de Balboa y Cristóbal

(Financiero News-Panamá) Panamá dejó en firme la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato-ley suscrito entre el Estado y Panama Ports Company para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, abriendo paso a que el Estado panameño retome el control directo de estas terminales estratégicas para el comercio internacional.

La decisión, publicada en la Gaceta Oficial No. 30468 del 23 de febrero de 2026 , corresponde al fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que resolvió las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 5 de 16 de enero de 1997, que aprobó el contrato de concesión para el desarrollo, construcción, operación y administración de dichas terminales portuarias.

En su análisis, el máximo tribunal concluyó que el contrato vulneró disposiciones constitucionales relacionadas con la soberanía del Estado sobre bienes de dominio público, el principio de libre competencia, la igualdad ante la ley y la potestad exclusiva del Estado para administrar y regular recursos estratégicos. El fallo también examinó la prórroga automática contenida en el contrato y sus adendas, señalando que no podía operar al margen de controles constitucionales y legales.

Con esta decisión, el Estado queda habilitado para asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, instalaciones que forman parte del sistema logístico nacional y que representan activos clave en el movimiento de carga contenerizada en el Pacífico y el Atlántico. La medida implica que el gobierno deberá definir el modelo de transición administrativa y operativa, ya sea a través de una administración directa, una nueva concesión bajo reglas distintas o un esquema mixto.

El fallo subraya que los bienes de uso público no pueden ser objeto de disposiciones que comprometan el interés general ni limitar la capacidad soberana del Estado para regular, fiscalizar y, en su caso, renegociar o terminar concesiones cuando se aparten del marco constitucional. Asimismo, reitera que las concesiones deben inspirarse en el bienestar social y el interés público, principios consagrados en la Constitución.

En el plano económico, la decisión genera expectativas en torno al impacto sobre la operación portuaria, la confianza inversionista y la estabilidad contractual, especialmente considerando que los puertos de Balboa y Cristóbal son nodos críticos del sistema logístico vinculado al Canal de Panamá y al comercio regional.

Con el contrato declarado inconstitucional y la publicación oficial del fallo, Panamá entra en una nueva etapa en la gestión de sus activos portuarios, con el desafío de garantizar continuidad operativa, seguridad jurídica y un modelo que maximice el beneficio económico y estratégico para el país.