Panamá rechaza acusaciones de PPC y defiende toma de control de puertos

(Financiero News-Panamá) La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) rechazó las acusaciones de Panama Ports Company (PPC) y defendió la toma de control temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato de concesión, asegurando que las acciones del Estado se ajustan plenamente a la Constitución y la ley.

La entidad calificó como “falaces e injuriosas” las alegaciones de la empresa y del grupo Hutchison, subrayando que la sentencia emitida el 29 de enero de 2026 es definitiva, de obligatorio cumplimiento y debe ser ejecutada por el Estado panameño.

Según la AMP, el Gobierno intentó llevar adelante una transición ordenada con la empresa concesionaria, pero esta se habría negado a colaborar, ocultando información e impidiendo una coordinación efectiva en el proceso.

Ante esta situación, el Estado decidió asumir temporalmente la administración, mantenimiento y operación de ambas terminales, con el objetivo de garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia del servicio portuario.

La Autoridad Marítima enfatizó que el decreto de ocupación no constituye una expropiación, sino una medida legítima y excepcional que respeta la propiedad de los bienes, mientras se determina su valor en el marco del debido proceso.

Asimismo, la entidad indicó que, tras asumir la operación, se detectó un deterioro significativo en las condiciones de los puertos, alejadas de estándares internacionales.

En el plano internacional, la AMP confirmó que PPC ha iniciado un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, proceso en el que el Estado panameño ejercerá su defensa.

Las diferencias serán resueltas por el tribunal arbitral, mientras Panamá ha optado por no emitir más declaraciones públicas sobre el caso hasta que concluya el proceso.

La Autoridad Marítima reiteró que garantizará la operación continua y eficiente de los puertos, así como la protección de la inversión nacional y extranjera, en línea con la Constitución y los compromisos internacionales del país.