Petroterminal será 100% estatal, pero seguirá operada por administración privada

(Financiero News-Panamá) El Estado panameño avanzará hacia el control total de Petroterminal de Panamá mediante la compra del 41% restante de las acciones, pero la operación de la empresa continuará bajo administración privada, sin interrupciones, sin pérdida de empleos y sin afectaciones en el trasiego de combustible, explicó la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáis.

La funcionaria detalló que el proceso se fundamenta en el contrato ley de 1977, que desde el inicio permitió al Estado panameño participar como accionista de Petroterminal. A través de las cláusulas pactadas en ese contrato, Panamá elevó progresivamente su participación hasta alcanzar el 59% de las acciones.

El paso siguiente será ejercer la opción de compra sobre el 41% privado restante, contemplada en la cláusula decimosegunda del contrato. Según Sáis, el proceso se activa una vez se emitan los estados financieros correspondientes a la vigencia fiscal 2025. Con esos estados financieros se aplicará la fórmula establecida en el contrato para determinar el valor de la transacción.

Una vez calculado el monto, el Estado notificará a la contraparte privada su intención de compra y dispondrá de hasta 45 días para formalizar el pago de las acciones. Al completarse el proceso, Panamá pasará a ser propietario del 100% de Petroterminal de Panamá, uno de los activos estratégicos del país para el movimiento y almacenamiento de combustibles.

Uno de los puntos más relevantes de la explicación oficial es que el cambio será accionario, no operativo. La viceministra aseguró que la terminal seguirá funcionando bajo administración privada de forma ininterrumpida, con el objetivo de mantener la eficiencia, proteger los empleos y garantizar continuidad en una infraestructura sensible para la logística energética del país.

Sáis también aclaró que el contrato ley vigente vence en 2036. Para esa fecha, el Estado tendrá la opción de adquirir los activos físicos de la empresa, reconociendo su valor en libros, ya que estos no pasan automáticamente ni de forma gratuita a la Nación al finalizar el contrato.

La lectura de fondo es que Panamá busca aumentar el control soberano sobre un activo energético clave, sin estatizar su operación diaria. El modelo apunta a una fórmula híbrida: propiedad estatal total, pero gestión privada especializada, similar a otros esquemas donde el Estado protege la titularidad estratégica mientras preserva eficiencia operativa, continuidad laboral y estabilidad para el mercado.