Presupuesto 2027 enfrenta choque entre disciplina fiscal y reclamos por salud y agua

(Financiero News-Panamá) El Presupuesto General del Estado 2027 llega a la Asamblea con una cifra de US$35,111.7 millones y una apuesta del MEF por disciplina fiscal, más inversión y menor gasto de funcionamiento, pero también con fuertes señales de tensión política: mientras el Ejecutivo proyecta reducir 5% el funcionamiento, elevar 12% la inversión y bajar 30.8% el servicio de la deuda, diputados cuestionan recortes frente a lo solicitado por sectores críticos como salud y agua potable, baja ejecución en entidades claves como Meduca e IDAAN.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para 2027, defendiendo que no se trata de una simple lista de gastos, sino de la decisión de política pública más importante del país. La propuesta está construida sobre una proyección de crecimiento económico de 5% nominal y 4% real, en un contexto donde el Gobierno busca sostener el ordenamiento fiscal sin frenar completamente la inversión pública.

Uno de los ejes principales del presupuesto es el giro hacia el gasto de capital. Según el MEF, los gastos de funcionamiento bajarían de US$23,713.7 millones a US$22,571.6 millones, mientras que la inversión aumentaría a US$12,564.1 millones, un crecimiento de 12%. Para el Ejecutivo, esta recomposición busca priorizar programas y proyectos con mayor impacto económico y social.

El manejo de la deuda también fue presentado como una de las señales de disciplina fiscal. El servicio de la deuda bajaría de US$7,938.9 millones a US$5,496.1 millones en 2027, una reducción de 30.8%. Sin embargo, el saldo total de la deuda pública alcanzaba U$S61,528 millones a junio de 2026, un dato que mantiene presión sobre las finanzas públicas y limita el margen de maniobra del Estado.

En ingresos, el MEF reportó un crecimiento de 8.5% en la recaudación total a junio de 2026, impulsado en parte por la llamada Lotería Fiscal, que habría generado unos US$180 millones adicionales en ITBMS. El Gobierno sostiene que estos resultados reflejan una mejora en la administración tributaria y en la capacidad de elevar ingresos sin recurrir únicamente a nuevos impuestos.

Las mayores asignaciones del presupuesto se concentran en la Caja de Seguro Social, con US$8,507.5 millones; el Ministerio de Educación, con US$3,757 millones; y el Ministerio de Salud, con US$2,001.2 millones. Sin embargo, precisamente en salud surgieron algunos de los cuestionamientos más fuertes, luego de que diputados señalaran que el monto recomendado estaría 23.86% por debajo de lo solicitado por el MINSA, que habría pedido US$4,310 millones y recibido una recomendación de US$3,192 millones.

El debate también se trasladó al IDAAN. Diputados advirtieron que el presupuesto de funcionamiento recomendado para la entidad reflejaría una reducción de 52% frente a lo solicitado, al pasar de una petición de US$349 millones a una asignación de US$182 millones. Para los parlamentarios, esta cifra contrasta con el discurso oficial de que el agua potable es una prioridad nacional.

Otro punto sensible fue la capacidad de ejecución. Diputados cuestionaron que se incrementen presupuestos a entidades con bajo desempeño, citando el caso del Meduca, que a agosto de 2026 solo registraba 10% de ejecución en inversión, y del IDAAN, con una ejecución total de 55%. La crítica apunta a que el problema no es únicamente cuánto dinero se asigna, sino qué tan rápido y eficientemente las instituciones pueden convertir ese presupuesto en obras, servicios y resultados.

Ante las críticas, Chapman defendió la propuesta como el “arte de lo posible”. El ministro sostuvo que nunca hay recursos suficientes para atender todas las solicitudes institucionales y advirtió que aprobar todo lo pedido llevaría al país a un déficit cercano al 10%, con el riesgo de comprometer la estabilidad fiscal y perder el grado de inversión.

La Comisión de Presupuesto iniciará formalmente las vistas presupuestarias el 17 de agosto, cuando cada entidad deberá sustentar sus necesidades ante los diputados. La lectura de fondo es que el presupuesto 2027 será una prueba política y fiscal para el Gobierno: demostrar que puede reducir funcionamiento, aumentar inversión y controlar la deuda, sin debilitar áreas sensibles como salud, agua potable, educación y servicios básicos.