Proponen rediseñar el Fondo de Ahorro de Panamá

(Financiero News-Panamá) El Fondo de Ahorro de Panamá podría entrar en una nueva discusión de política pública: dejar de ser visto solo como una reserva financiera de emergencia y convertirse en un vehículo más activo para apoyar inversión, descentralización y gestión de activos estatales, según el análisis “Fondo de Ahorro de Panamá: naturaleza, desempeño y opciones”, de Indesa.

El planteamiento central no es simplemente retirar recursos del fondo, sino “cambiar el cuadro”: ampliar sus fuentes, redefinir sus usos y fortalecer su diseño institucional.El informe recuerda que el FAP fue creado en 2012 como mecanismo de ahorro y estabilización económica, en reemplazo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Su regla original establecía que el 100% del aporte de la Autoridad del Canal de Panamá al Tesoro Nacional que superara el 3.5% del PIB nominal debía transferirse al fondo; sin embargo, reformas posteriores modificaron los umbrales y la Ley 445 de 2024 suspendió la regla para el período 2024-2026.

Uno de los datos clave es que, tras el canje de pagarés no negociables por bonos del Estado negociables en septiembre de 2025, el patrimonio del FAP alcanzó su nivel más alto, por encima de US$3,000 millones. Para Indesa, ese canje fue el evento de liquidez más importante desde la creación del fondo, porque transformó activos menos líquidos en instrumentos negociables y elevó el margen de maniobra financiera del vehículo.

El análisis advierte, sin embargo, que el FAP sigue siendo pequeño frente a otros fondos soberanos y que su mandato multipropósito rompe con el patrón regional. Aunque Panamá lo utiliza como mecanismo de estabilización y ahorro, su tamaño equivale a menos de 2% del PIB sin pagarés y alrededor de 3.37% del PIB con pagarés, muy por debajo de fondos como los de Guyana, Trinidad y Tobago, Singapur o Noruega.

Indesa plantea cuatro opciones para debatir. La primera es mantener el status quo con crecimiento orgánico; la segunda, usarlo como fondo de estabilización para amortiguar caídas de demanda agregada, aunque advierte que el capital total del FAP representa menos del 3.8% de la demanda agregada de Panamá; la tercera, realizar inversiones estratégicas en otros países, opción que el informe descarta; y la cuarta, explorar un crecimiento inorgánico con nuevas fuentes de recursos y nuevos usos.

La propuesta más relevante está en el llamado “empoderamiento del FAP”. Indesa plantea considerar nuevas fuentes como las regalías de la mina de Donoso y otras explotaciones mineras, un porcentaje de las utilidades de la ACP, ganancias de empresas mixtas —no de empresas estatales endeudadas como Tocumen, ENA o ETESA— y lo que decida la Junta Directiva del Fondo Nacional de Regalías. Del lado de los usos, sugiere canalizar recursos hacia la descentralización mediante un mecanismo similar al PRODER.

El informe también abre la puerta a una discusión institucional más profunda: complementar el FAP con un holding estatal que concentre y gestione activos comerciales bajo criterios de rentabilidad y gobierno corporativo, inspirado parcialmente en la experiencia de Singapur. En ese modelo, Indesa destaca como adaptable a Panamá el blindaje institucional del capital principal, una mayor autonomía para reducir interferencia política y una gestión profesional de activos estatales.

El punto sensible es el costo de oportunidad. El FAP registró un retorno anualizado neto de 3.6% entre 2012 y 2025 y ha transferido US$236.5 millones desde su creación: US$131.5 millones por distribuciones de excedentes y US$105 millones para atender emergencias durante la pandemia. Pero, con más liquidez y una meta de generar mayores ingresos, Indesa advierte que retirar capital del fondo será cada vez más costoso si ese dinero deja de producir rendimientos futuros.

La lectura de fondo es que Panamá enfrenta una decisión estratégica sobre su principal reserva financiera: mantener el FAP como un “abrigo en el clóset” para emergencias, o rediseñarlo para que combine ahorro, estabilidad, rentabilidad y apoyo a inversión pública bajo reglas claras. El riesgo está en convertirlo en caja chica del presupuesto; la oportunidad, en crear un instrumento más moderno, blindado y productivo para financiar desarrollo sin comprometer la sostenibilidad fiscal.