Centroamérica y Panamá enfrentan una agenda fiscal marcada por recaudación, control y certeza jurídica

(Financiero News-Panamá) Centroamérica, Panamá y República Dominicana enfrentan una agenda tributaria cada vez más intensa, pero con ritmos distintos entre países, advirtió Juan Carlos Chavarría, socio líder de Impuestos de Deloitte para Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Según el especialista, los tres grandes retos fiscales de la región pasan por fortalecer la recaudación, ampliar los controles tributarios con tecnología y garantizar mayor certeza jurídica para no afectar la inversión ni la competitividad.

Chavarría señaló que la región se mueve en una misma dirección: administraciones tributarias más activas, mayor fiscalización, reformas legales y un uso creciente de herramientas tecnológicas para mejorar el cumplimiento. Sin embargo, advirtió que el desafío está en lograr un equilibrio: los países necesitan recaudar más, pero sin generar incertidumbre regulatoria ni frenar la llegada de capital. La certeza jurídica, sostuvo, será clave para que los sistemas fiscales puedan sostener la recaudación y, al mismo tiempo, atraer inversión.

En el caso de Panamá, el debate se concentra en la oportunidad de convertirse en un polo de inversión si logra cumplir adecuadamente con la ley de sustancia económica. La lectura planteada durante el análisis es que esta normativa no debe verse únicamente como un instrumento de recaudación, sino como una herramienta para reforzar la transparencia, mejorar la gobernanza fiscal y demostrar que las decisiones empresariales y tributarias se toman con sustancia real, actividad económica efectiva y estructuras alineadas con estándares internacionales.

También se destacó que la sustancia económica debe ir acompañada de un sistema de gobernanza fiscal dentro de las empresas, donde las decisiones tributarias se eleven al más alto nivel corporativo. Esto implica que las compañías deberán prepararse mejor para recibir inversiones, enfrentar riesgos fiscales, documentar decisiones, anticipar auditorías y entender que la tributación internacional ya forma parte del análisis estratégico del negocio, no solo del área contable o legal.

La discusión regional mostró realidades distintas. En Guatemala, se analizaron reformas vinculadas a inmuebles, modificaciones a la ley de lavado de dinero y el avance del Gobierno hacia una política de tributación internacional, con énfasis en transparencia e intercambio de información. Uno de los retos señalados es cómo traducir los compromisos internacionales en legislación local sin perder efectividad ni claridad para los contribuyentes.

En República Dominicana, el eje está en una reforma fiscal orientada a corregir un déficit cercano al 3.5% del PIB, aumentar ingresos, revisar beneficios fiscales y aplicar medidas como amnistía fiscal, mayores tasas y ajustes en retenciones. Entre los planteamientos mencionados figura elevar la tasa de renta de 27% a 30% para ciertos contribuyentes de altos ingresos y aumentar retenciones de 10% a 15%, con una expectativa de recaudo adicional de alrededor de US$1,000 millones anuales.

El Salvador aparece con una agenda marcada por múltiples reformas recientes y un fuerte énfasis en cumplimiento tributario. Se señaló que el país enfrenta sanciones frecuentes por incumplimientos, mantiene un IVA de 13% y una tasa de renta de 30%, además de haber avanzado hacia un principio de territorialidad pura, bajo el cual ingresos generados fuera del país quedarían fuera de imposición local. Aun así, la recaudación tributaria continúa aumentando entre 8% y 10%.

En Honduras, la visión presentada fue más cautelosa: todavía faltan reformas que hagan al país más atractivo desde el punto de vista de los inversionistas. El desafío, en ese caso, no solo es recaudar, sino crear un marco fiscal más competitivo, claro y predecible.

La conclusión del análisis es que la región entra en una etapa fiscal más exigente. Los gobiernos necesitan recursos para cerrar déficits, financiar servicios e invertir en desarrollo, pero las empresas demandan reglas claras, estabilidad y procesos tributarios más modernos. Para Panamá, la oportunidad está en diferenciarse: si logra aplicar correctamente la sustancia económica, fortalecer su gobernanza fiscal y ofrecer certeza jurídica, puede posicionarse como un centro confiable para inversión regional en medio de una Centroamérica que avanza hacia más control, más fiscalización y mayor tributación internacional.