Cobre Panamá el expediente económico más explosivo del país

(Financiero News-Panamá) Cobre Panamá vuelve al centro de la agenda nacional ahora unas 33,000 toneladas de concentrado de cobre saldrán del proyecto ubicado en Donoso con destino a Europa, pero el Gobierno insiste en que esta operación no significa una reapertura de la mina ni una decisión definitiva sobre su futuro.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que se trata de material ya extraído o almacenado, mientras el Ejecutivo mantiene en curso una evaluación técnica, legal y ambiental antes de llevar una recomendación final al presidente José Raúl Mulino.

La salida del nuevo material de cobre reaviva un expediente de alto voltaje político, económico y jurídico. Moltó fue enfático en que el Gobierno todavía no ha tomado una decisión final sobre Cobre Panamá y que cualquier definición deberá pasar por una comisión interinstitucional de alto nivel, encargada de revisar el estado del proyecto, los informes técnicos, la auditoría y las alternativas disponibles.

El ministro explicó que la meta es que antes de finalizar 2026 las instituciones involucradas presenten sus recomendaciones al presidente Mulino, quien tendrá en sus manos la decisión política más sensible sobre el futuro del proyecto minero. Hasta entonces, el mensaje oficial es claro: mover concentrado de cobre no equivale a reactivar la explotación.

Moltó también marcó tres líneas rojas para cualquier salida: el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la legislación vigente y la moratoria minera. Con esto, el Gobierno intenta separar la gestión del material que ya existe en el sitio de una eventual discusión sobre reapertura, nuevo modelo operativo o cierre definitivo.

La operación ocurre, además, bajo una presión financiera enorme. El ministro recordó que Panamá enfrenta tres arbitrajes internacionales vinculados al proyecto minero por aproximadamente US$27,000 millones en reclamaciones. Aunque esos procesos están suspendidos, siguen jurídicamente vivos y representan una amenaza potencial para las finanzas públicas.

La exposición incluye cerca de US$20,000 millones reclamados por First Quantum Minerals, unos US$5,000 millones vinculados a Franco-Nevada y alrededor de US$2,000 millones relacionados con KOMIR. A esto se suma que un proceso separado por aproximadamente US$2,000 millones, iniciado por Minera Panamá S.A., fue desestimado definitivamente.

Moltó reconoció que los arbitrajes constituyen un riesgo fiscal para el país, pero advirtió que no serán el factor que determine la decisión soberana sobre la mina. En otras palabras, el Gobierno admite el peso de las demandas, pero intenta enviar la señal de que Panamá no decidirá bajo presión de litigios internacionales.

La comparecencia también reveló otro punto sensible: existen casi US$30 millones en aportes mineros destinados a comunidades cercanas a Donoso. Según el ministro, esos recursos están registrados, incorporados al presupuesto y disponibles, pero enfrentan un problema de ejecución porque los municipios deben presentar proyectos y expedientes completos para poder utilizarlos.

Ese dato abre otro frente de presión: mientras el país discute el futuro de la mina, comunidades del área esperan que los recursos ya existentes se traduzcan en obras concretas. Para el Gobierno, el problema no sería la falta de fondos, sino la capacidad institucional para convertir ese dinero en proyectos ejecutables.

Cobre Panamá sigue siendo una bomba económica y política sin desactivar. La salida de concentrado permite gestionar material ya extraído, pero cada movimiento desde Donoso será leído por inversionistas, comunidades, ambientalistas, proveedores y organismos internacionales como una señal sobre el rumbo que tomará el país.

Panamá está caminando sobre una línea delgada: necesita administrar el material existente, reducir riesgos ambientales y comerciales, atender a las comunidades, contener arbitrajes multimillonarios y, al mismo tiempo, evitar que estas operaciones sean interpretadas como una reapertura encubierta. Por ahora, el Gobierno insiste en que no hay decisión final. Pero con 33,000 toneladas de cobre en movimiento y US$27,000 millones en reclamos sobre la mesa, Cobre Panamá vuelve a convertirse en el expediente económico más explosivo del país.