Compliance como respuesta a la crisis de la gobernanza extractiva

Por Babaji Cruz Peñaló

Abogado administrativista, profesor universitario, investigador

Hay un debate que América Latina sigue teniendo al revés. Cuando un sector extractivo (minería, energía, pesca, hidrocarburos) genera un escándalo de corrupción, la respuesta instintiva es prohibir o suspender la actividad. Se cierra la puerta. Pero lo que no se dice es que esa puerta cerrada no elimina la actividad: la empuja hacia la ilegalidad. La rigurosidad en prohibir una actividad extractiva responsable y supervisada no produce integridad, por el contrario, produce minería ilegal, pesca ilegal, explotación clandestina de recursos sin controles ambientales, sin trazabilidad, sin tributación y sin rendición de cuentas. Eso no es protección. Eso es un regalo para el crimen organizado.

El problema no es la actividad extractiva. El problema es cómo se gestiona.

Las industrias extractivas comparten una vulnerabilidad estructural que las convierte en blanco del financiamiento ilícito y la injerencia criminal: volúmenes financieros enormes, cadenas de subcontratistas largas, operaciones en zonas donde la presencia institucional es débil, y una dependencia de concesiones y permisos que crea puntos de presión sobre funcionarios públicos. Para fines de ilustración más directa utilizo el ejemplo del sector minero, pero el patrón aplica a todo el espectro extractivo.

En la minería, cada contrato de suministro, cada intermediario logístico, cada empresa de servicios en la zona de operación es un potencial punto de entrada para actores ilícitos. El crimen organizado no necesita forzar la puerta: entra con factura, con contrato de servicios, con un facilitador que nadie verificó. ¿Y la empresa? La empresa tiene un código de ética que nadie lee, un buzón de denuncias que es una dirección de correo electrónico, y un manual de Compliance con una portada preciosa que se imprime para la auditoría y se guarda hasta la próxima. Esto es lo que llamamos paper compliance o compliance de papel. Decoración corporativa y pura cosmética. Y en el sector extractivo, esa decoración cuesta vidas, empleos y puntos porcentuales del PIB de cualquier Estado.

La alternativa no es la prohibición. La alternativa es un modelo de gobernanza corporativa basado en estándares certificables y auditables. Por mencionar algunos aplicables, la ISO 37001 para la gestión antisoborno, permite la evaluación de riesgo en toda la cadena de valor, debida diligencia de contrapartes, canal de denuncias funcional, compromiso verificable de la alta dirección. Por su parte, acompañada la anterior de la ISO 37301 para la gestión de Compliance integral, facilita la sistematización de todas las obligaciones regulatorias: ambientales, laborales, fiscales, de transparencia, de beneficiario final.

Y podríamos dejarlo ahí, o al menos iniciar por ahí, aunque cuando sumamos la ISO 9001 para la gestión de calidad, se blinda aún más el ciclo, al contar con procesos documentados, trazabilidad y mejora continua. Las tres comparten la misma estructura de alto nivel, lo que significa que se implementan como un solo sistema integrado. No tres manuales en tres estantes. Un sistema. Un ciclo que incluye planear, hacer, verificar y actuar: orientado a la mejora continua. Se construye una cultura: que vive en el ADN corporativo y su accionar.

Adicionalmente, con extrema relevancia para el sector, desde noviembre de 2024 contamos con la referencia IWA 48 de ISO, un esquema que articula estas normas dentro de un marco ESG (ASG en español) unificado, conectando la gobernanza corporativa con la sostenibilidad ambiental y social. Para una empresa extractiva, esto significa que invertir en Compliance no es solo prevención de riesgos legales: es la columna vertebral de su estrategia de sostenibilidad. Lo confirmo con la convicción que me dan más de 30 implementaciones bajo estos estándares (en múltiples sectores incluyendo ambiental y eléctrico): el Compliance sistémico genera resiliencia regulatoria, financiera, reputacional y operativa. Cada una de esas dimensiones es, en el sector extractivo, la diferencia entre operar con licencia social o perderla.

La pregunta para los gobiernos no es si permiten o prohíben la actividad extractiva. La pregunta es si exigen -y facilitan- que esa actividad se ejecute con estándares demostrables de integridad. Y la pregunta para las empresas es más directa aún: ¿van a invertir en Compliance antes de que la próxima crisis las obligue, o después?

El Compliance no es un gasto. Es el costo de hacer negocios con integridad. Y en el sector extractivo, ese es el único modelo que tiene futuro.