DGI endurece fiscalización de precios de transferencia

(Financiero News-Panamá) Las empresas que realizan operaciones con partes relacionadas enfrentan en 2026 un escenario de mayor fiscalización tributaria en Panamá, con nuevas exigencias de información, cruces de datos internacionales y sanciones que pueden alcanzar hasta un millón de dólares.

José Luis Galíndez, socio de Galíndez Medrano y Asociados, explicó durante el Foro Tributario 2026, que el nuevo Formulario 930 amplía significativamente el alcance del reporte de precios de transferencia, al incorporar no solo ingresos, costos y gastos entre empresas relacionadas, sino también activos y pasivos como cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar y sus efectos sobre amortizaciones y depreciaciones.

El régimen de precios de transferencia comenzó a aplicarse en Panamá en 2010 para operaciones vinculadas con países con convenios para evitar la doble imposición, pero desde 2012 se extendió a todas las operaciones con incidencia en el impuesto sobre la renta. Posteriormente, en 2018, el artículo 762-L del Código Fiscal amplió las obligaciones documentales a empresas establecidas bajo regímenes especiales, incluyendo Zona Libre de Colón, Sedes de Empresas Multinacionales, Panamá Pacífico y zonas francas, incluso cuando algunas de estas compañías no estén sujetas directamente al impuesto sobre la renta, debido a sus obligaciones relacionadas con impuestos complementarios o dividendos.

Uno de los principales cambios está en la capacidad de la Dirección General de Ingresos para contrastar la información. El Formulario 930 debe presentarse dentro de los seis meses posteriores al cierre del período fiscal, con el 30 de junio como fecha límite para quienes operan bajo año calendario, mientras que el estudio o Archivo Local debe estar disponible para ser entregado a la DGI dentro de los 45 días siguientes a su requerimiento. Para los grandes grupos multinacionales también se mantienen las obligaciones de Archivo Maestro y Reporte País por País cuando sus ingresos consolidados superan los 750 millones de euros.

Pero el verdadero cambio está en la fiscalización. Según Galíndez, la DGI busca comprobar que lo declarado en el Formulario 930 coincida con el estudio de precios de transferencia y está reforzando la revisión de intangibles mediante los criterios DEMPE, que analizan quién desarrolla, mejora, mantiene, protege y explota económicamente esos activos. Al mismo tiempo, Panamá utiliza redes internacionales de intercambio de información tributaria para examinar empresas relacionadas en el exterior y detectar estructuras sin sustancia económica.

La lupa también estará sobre operaciones con jurisdicciones de baja imposición como Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o Mauricio, empresas con pérdidas recurrentes y casos donde se hayan utilizado métodos o comparables inadecuados para justificar los precios de las operaciones intragrupo. A esto se suma una fiscalización cada vez más apoyada en tecnología, cooperación con organismos como el CIAT e iniciativas de inteligencia artificial, un escenario que eleva el riesgo para las compañías cuyos reportes fiscales, financieros y de precios de transferencia no sean consistentes entre sí.