El Dilema Estratégico de Panamá: Entre la Emergencia Fiscal y la Seguridad Jurídica

Por: Roberto Lombana García - Industrial

Panamá enfrenta una de las encrucijadas institucionales más complejas de su historia reciente. Ante una severa presión fiscal, el Ejecutivo ha afirmado públicamente que no le preocupa el costo en capital político, ignorando el descontento popular. Sin embargo, resolver la asfixia financiera a corto plazo mediante decisiones unilaterales no puede hacerse a costa de comprometer proyectos de supervivencia nacional ni de resquebrajar la equidad jurídica corporativa. El pragmatismo tiene un límite: la ley y la estabilidad social.

La prioridad absoluta del Estado es el reservorio de Río Indio. No es un debate a largo plazo; la realidad se impuso con el anuncio del Canal de Panamá reduciendo el calado a los buques Neopanamax ante el fenómeno de El Niño. En una coyuntura internacional crítica, con el estrecho de Ormuz cerrado y el comercio global en vilo, enviar señales de vulnerabilidad en nuestra ruta hídrica es un desacierto estratégico alarmante. El país ya vivió una crisis similar hace unos años, con un impacto severo en los ingresos fiscales y un grave deterioro de nuestra imagen internacional. Reincidir por postergar soluciones de fondo es inadmisible; Río Indio es imprescindible. Ejecutar esta obra requiere una gobernabilidad de filigrana, sobre todo cuando grupos organizados anti-embalse articulan un rechazo que pretende dilatar el proyecto. En este escenario de alta tensión, la insistencia oficial en comunicar la reapertura de la mina para captar ingresos rápidos y prometer puestos de trabajo plantea una lectura incompleta de la realidad macroeconómica. Es indiscutible que la falta de empleo es uno de los problemas más serios de nuestra sociedad hoy. No obstante, vender la reactivación minera como la panacea, omitiendo factores estructurales de fondo, constituye una distorsión en el manejo de las expectativas públicas. De darse esta asimetría, se preparará el terreno para un desengaño masivo cuando se constate que dicha actividad no resolverá la crisis laboral del país. Forzar este frente simultáneamente con Río Indio disparará un estallido social que paralizará tanto la cuenca como la minería.

El segundo vector expone una peligrosa debilidad en seguridad jurídica y transparencia. El Gobierno habla con insistencia de reactivar la mina, pero lo hace en la penumbra: el país no conoce el resultado del audito integral hecho a dicha operación, un proceso al que le siguen dando largas y que recientemente fue derivado a una comisión de tres ministros para su estudio. Se pretende avanzar sin fiscalización pública, mientras se mantiene un silencio absoluto sobre el resto del sector. Existen en el país más de una docena de concesiones mineras detenidas, tanto en fase de explotación como de exploración. Diseñar un mecanismo exclusivo para reactivar un solo proyecto, ignorando los derechos del resto de las concesiones legítimas, constituye un acto de discriminación flagrante que atenta contra el principio constitucional de igualdad ante la ley.

De darse esta asimetría, el resultado será un bumerán financiero devastador. Al otorgar un trato preferencial y selectivo, Panamá entregará los argumentos en bandeja de plata a las demás concesionarias para demandar a la República. Este enfoque abrirá las compuertas a múltiples arbitrajes internacionales bajo tratados bilaterales de inversión por expropiación indirecta y lucro cesante, multiplicando la exposición financiera del país ante tribunales extranjeros.

La gobernabilidad requiere confianza, y esta no se compra parchando el presupuesto con soluciones de corta vista que juegan con la necesidad de la gente. Una reapertura selectiva, ejecutada con opacidad y de espaldas a la realidad de las demás concesiones afectadas, no solo exacerbará el descontento que ya amenaza el futuro hídrico del Canal, sino que terminará por dinamitar la seguridad jurídica, que es el activo más valioso del país.