Panamá acelera preparación para evaluación antilavado de 2027 y pone foco en efectividad

(Financiero News-Panamá) Panamá entra en una etapa decisiva para demostrar la efectividad de su sistema de prevención de delitos financieros antes de la quinta ronda de evaluación prevista para agosto de 2027, un proceso que tendrá implicaciones directas sobre la reputación internacional, el acceso a mercados, las relaciones de corresponsalía bancaria y la capacidad del país para atraer inversión.

Ese fue uno de los principales mensajes del XI Congreso Internacional de Cumplimiento de ASOCUPA, que reunió durante dos días a más de 70 expertos y representantes de 12 países.

La presidenta de ASOCUPA, Catherine Cardoze, y el director de la Unidad de Análisis Financiero, Darío Herrera, coincidieron en que el cumplimiento dejó de ser un ejercicio meramente regulatorio. El nuevo reto consiste en anticipar riesgos, proteger la reputación de las organizaciones y preservar la confianza sobre el sistema financiero panameño.

La preparación para 2027 exigirá además demostrar resultados. Isabel Vecchio Arófulo, presidenta pro tempore de GAFILAT, planteó que la próxima evaluación requerirá una coordinación efectiva entre autoridades, reguladores y sujetos obligados, superando la existencia formal de leyes para acreditar que los mecanismos de prevención funcionan en la práctica.

Uno de los puntos críticos será el Registro Único de Beneficiarios Finales, donde Panamá deberá mostrar capacidad para mantener información actualizada, facilitar acceso oportuno a las autoridades y comprobar que los procesos de debida diligencia permiten identificar quién controla realmente las estructuras jurídicas.

El desafío se ha vuelto más complejo por la evolución de los delitos financieros. Durante el CIC11 se analizaron esquemas relacionados con sanciones internacionales, controles de exportación, narcotráfico transfronterizo, criptomonedas, activos digitales y embarcaciones utilizadas para evadir restricciones comerciales, amenazas que obligan a ampliar el alcance tradicional de los programas de cumplimiento.

La inteligencia artificial también ocupó un lugar central. La tecnología puede ser utilizada para sofisticar operaciones ilícitas, pero al mismo tiempo permite procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones inusuales y automatizar parte de la detección de riesgos.

La regulación de los activos digitales aparece como otro frente que Panamá deberá atender. El congreso presentó experiencias internacionales, incluyendo el desarrollo regulatorio de El Salvador, mientras el país continúa discutiendo cómo integrar criptomonedas, fintech y nuevas modalidades financieras dentro de un marco que reduzca los riesgos de lavado de activos sin frenar la innovación.

El fiscal argentino Diego Luciani aportó una perspectiva regional mediante el análisis de casos emblemáticos de corrupción, reforzando el mensaje de que los delitos financieros trascienden fronteras y requieren cooperación entre autoridades, empresas y profesionales de cumplimiento.

Para ASOCUPA, el fortalecimiento de capacidades técnicas será determinante. Miembros del comité organizador como Abdiel Castrellón y el expresidente de la asociación Gabriel Quintero destacaron la necesidad de mantener la formación profesional y la adopción de mejores prácticas frente a riesgos que evolucionan con rapidez.

La lectura de fondo es económica: una evaluación internacional favorable no depende únicamente de aprobar nuevas leyes, sino de demostrar efectividad. Para Panamá, fortalecer beneficiarios finales, supervisión, activos digitales, cooperación internacional y detección de operaciones ilícitas puede tener efectos sobre algo mucho más amplio que el cumplimiento: la confianza de bancos internacionales, multinacionales e inversionistas en la plaza panameña.

El mensaje que deja el CIC11 es que el cumplimiento ya no debe verse como un costo operativo. De cara a 2027, se convierte en una herramienta para proteger el acceso de Panamá al sistema financiero internacional, reducir riesgo reputacional y sostener su competitividad como centro de negocios y servicios financieros.