US$100 millones para congelar combustible y contener alza del costo de vida
- 1 abr
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(Financiero News-Panamá) El Gobierno de Panamá aprobó un subsidio de hasta US$100 millones durante 10 meses para estabilizar el precio del combustible, fijando la gasolina de 91 octanos en US$3.33 por galón y el diésel en US$3.41, en una medida dirigida a contener el impacto del alza energética sobre el transporte y la economía.
La decisión, adoptada mediante Resolución de Gabinete, fue anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien explicó que el Estado destinará aproximadamente 15 millones de balboas mensuales para sostener el subsidio sin afectar el gasto de inversión pública.
El beneficio estará dirigido al transporte público (colectivo, selectivo y colegial), transporte de carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal, sectores altamente sensibles al incremento de los combustibles.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá subrayó que la medida es temporal y podría suspenderse antes del plazo si mejoran las condiciones del mercado internacional.
El ajuste responde a la escalada de precios de los hidrocarburos a nivel global, que ha generado presiones sobre el costo de vida, la logística y las actividades productivas en el país.
En paralelo, el Gobierno mantiene subsidios al Metro, Metrobús, electricidad y gas de cocina, ampliando el paquete de apoyo para mitigar el impacto inflacionario.
La implementación de la medida estará coordinada con entidades como la Contraloría General de la República de Panamá, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y otras instituciones, que definirán los controles y mecanismos de ejecución.
El director de la ATTT, Nicolás Brea, adelantó además medidas complementarias como ajustes en la movilidad urbana y optimización del tráfico para mejorar la eficiencia del transporte.
El Gobierno advirtió que, como país importador de hidrocarburos, Panamá está expuesto a la volatilidad internacional, lo que limita su capacidad de controlar los precios.
La medida busca evitar un traslado directo del alza energética a tarifas de transporte, alimentos y servicios, en un contexto donde la estabilidad socioeconómica se ha convertido en una prioridad ante la presión externa sobre los mercados.
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